México bipolar

México es una nación de rezagos y desigualdades. A pesar de que el bienestar es compromiso constitucional y de que todas las fuerzas políticas coinciden en el imperativo de un sistema que ofrezca niveles decorosos de vida, no se ha logrado un modelo capaz de atenuar la pobreza, extender la igualdad de oportunidades y generar un grado básico de prosperidad.
La estrategia de crecimiento por sustitución de importaciones consiguió sostener la capacidad adquisitiva de la población. Entre 1940 y 1970 los incentivos a la industria, acceso a recursos financieros, gasto público en infraestructura, intervención en la regulación económica, prohibición de importaciones y subsidios, lograron importantes niveles de crecimiento, pero el llamado milagro mexicano no erradicó la pobreza. Hacia mediados de la década de 1980, las estimaciones indicaban que casi 60 por ciento era pobre, mientras 35 por ciento enfrentaba pobreza extrema.
El modelo de mercado y liberalización económica adoptado en México luego del agotamiento de la sustitución de importaciones, agravó la pobreza y desigualdad. Si bien es cierto que los altos índices de crecimiento demográfico (hasta 3.5 por ciento anual) plantearon enormes retos en la oferta de empleo, educación, salud y vivienda, no puede ocultarse un componente de exclusión que disparó la desigualdad.
En 1950, 10 por ciento de la población de mayores ingresos era 18 veces más rico que 10 por ciento de los sectores más pobres; para 1970 esta relación llegó a 27, y en 1986 creció 36 por ciento. Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, aplicada por el INEGI en 2002, el 10 por ciento más rico concentraba 35.6 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 10 por ciento más pobre, apenas tenía 1.6 por ciento.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos coloca a México como la novena economía mundial, mientras que el Banco Mundial (BM) lo fija en el lugar 17 en cuanto a niveles de desigualdad económica y social. Aún más. Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las disparidades en ingreso, salud y educación son marcadas. Oaxaca presenta un IDH de 0.71, similar al de Guyana, mientras que Nuevo León tiene un IDH de 0.85, equivalente al de Argentina. Con la misma metodología, la diferencia entre el DF y Chiapas equivale al abismo que hay entre Portugal y Guinea ecuatorial, pero la nota se agrava al mirar el espacio municipal. Entre Sitalá y Tuxtla Gutiérrez, ambos ayuntamientos chiapanecos, existe la misma asimetría que subsiste entre Nigeria y Uruguay.
Las mediciones del BM sobre nuestro país establecen un ingreso per cápita de cinco mil 910 dólares anuales, él más alto de América Latina, pero las inmensas diferencias entre ricos y pobres muestran un potencial problema de gobernabilidad. En el mismo documento se indica que 28 por ciento de los habitantes de zonas rurales vive niveles de pobreza extrema y 57 por ciento en situación de pobreza moderada; es decir, 85 por ciento de los mexicanos del campo son pobres, como lo prueba el incesante aumento de la migración. Respecto de las zonas urbanas, se explica que 11 por ciento de los habitantes se encuentra en niveles de pobreza extrema y cerca de 42 por ciento en situación de pobreza moderada. Peor aún, la población rural que vive con menos de un dólar al día, es diez veces mayor que la urbana.
La estrategia de combate a la pobreza no varió en los últimos dos sexenios; sólo aumentaron los programas. Cifras de la presidencia de la República indican que el gasto per cápita para superar la pobreza pasó de 321.4 pesos en 1997 a mil 395.9 durante 2006. Dentro del programa Oportunidades, la cobertura creció a cinco millones de familias, que representan 25 millones de personas. La erogación federal para superar la pobreza aumentó de 30 mil 363 millones de pesos a 146 mil 376 millones, pero los resultados prueban que la focalización del gasto sólo atenuó el problema. En tanto no ocurra un sólido y sostenido desarrollo, sólo seguirá fortaleciéndose la cultura a la dádiva gubernamental.